La Abogacía Española recurrirá el acuerdo del Poder Judicial sobre los juzgados únicos para cláusulas suelo

El Consejo General de la Abogacia Española, reunido en Pleno extraordinario en Granada, ha acordado interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo por entender que infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, realizará las gestiones oportunas con las instituciones competentes para alcanzar una pronta solución del problema.

La Junta de Gobierno del ICA Oviedo secundó la concentración de responsables colegiales de toda España celebrada en Granada en contra del plan del CGPJ

Esta medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable.

Incomprensiblemente, la medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones. Además de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos.

La medida conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la Justicia de la ciudadanía.

El decano del ICA Oviedo, Ignacio Cuesta, y el resto de miembros de la Junta de Gobierno se sumaron hoy a la concentración de responsables colegiales de toda España en contra del  acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo.